Tras casi dos horas de reunión, los delegados que representan a los productores autoconvocados de la zona unificaron criterios y armaron un borrador con las acciones a seguir, en caso de que a partir del 2 de mayo el campo en su conjunto defina volver a realizar una medida de fuerza. El lema central es uno solo: molestar lo mínimo indispensable al ser urbano. Y pese a todos los intentos que están haciendo Cristina Fernández y Néstor Kirchner, el menú no incluye cortes totales de rutas.
Mientras que en su presentación en Ezeiza, el flamante presidente del Partido Justicialista hacía una velada declaración de guerra -demostrando poder y dejando a cielo abierto que él es el jefe-, en el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos "con respeto, orden, ubicación, sensatez e inteligencia", según aclaró Jorge Srodek, secretario de CARBAP, los autoconvocados empezaron a planificar cómo será la vida del campo el día después al rompimiento de la tregua. Valga la aclaración, hoy sólo el más optimistas de los optimistas cree en la posibilidad de que se extienda la tregua.
"Se habló de hacer cortes de ruta ‘light’. Eso sería no dejar pasar camiones con granos ni hacienda en pie, y repartir panfletos informativos", explicó Mariano Astiz. La segunda pata del reclamo se apoyará en la "inversión cero". Esto es: comercializar la producción justa y necesaria y gastar lo menos posible. "Sería implementar una economía cerrada", graficó el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. "Estamos planteando una economía de guerra, consumir lo mínimo y trabajar para cubrir el presupuesto", completó Srodek.
El tercer ingrediente que tendrá el reclamo es el referido a buscar consenso entre los ciudadanos y ganar el compromiso de la clase política (concejales, intendentes, diputados y senadores). "La gente tiene que entender que la protesta no se limita a las retenciones, sino que está enfocada a la brutal transferencia de divisas que el interior le hace al Gobierno. Y que eso lleva al empobrecimientos de todas las ciudades y pueblos", comentó Astiz.
En ese sentido, los productores son conscientes de que las economías regionales sentirán el impacto producto de la falta de inversión. Claro que eso traerá como consecuencia directa también, que concejales, intendentes y hasta gobernadores queden mal parados frente a la gente que los votó. "No les va a quedar otra que ponerse los pantalones y defender a su gente y no al que los somete a fuerza de cheques", aseguró uno de los presentes en la reunión, que tuvo representantes de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, San Cayetano, Gonzales Chaves y Necochea.
"¿Los ataques que hizo Kirchner? Sí, nos enteramos, pero nosotros no vamos a responder a las provocaciones. Dimos la palabra que hasta el 2 de mayo duraba la tregua y eso lo vamos a respetar", aseguró Astiz.
En tanto, entre hoy y el viernes 2 hay una cargada agenda de asambleas y reuniones en distintas localidades organizadas por productores independientes y también de afiliados a las entidades. Esta tarde la cita es en Coronel Dorrego, y están invitados los políticos que integran la Sexta Sección electoral. También se realizará un encuentro en Bolívar y otro en Mar Chiquita.
Mañana, en tanto, hay una gran convocatoria en Olavarría y otra en Trenque Lauquen, mientras que el miércoles 30 está pautada una gran asamblea en Tres Arroyos, a la que están invitados a participar los comerciantes, industriales y la comunidad toda. Será en esa jornada que se someterá a votación el borrador delineado anoche, y ahí sí quedará definido como será el día después al 2 de mayo.
Demanda
Minutos antes de la reunión se presentó un grupo de abogados socios del estudio del ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, que ofreció sus servicios para iniciar una demanda contra el Estado por las retenciones.
"Venimos a exponer lo que para nosotros es una acción posible que pueden hacer los productores para dejar sin efecto las retenciones e incluso hacer un reclamo patrimonial, producto de que son un instrumento anticonstitucional que utiliza el Estado", explicó el doctor Mariano Beluchi. Y agregó: "Lo que estamos proponiendo no es un amparo, es una acción ordinaria, que va a ayudar a una solución positiva porque se puede probar el perjuicio ocasionado", explicó el abogado, integrante del estudio que hoy demandará al Estado representando a San Luis.
Fuente: La Voz del Pueblo.
