En virtud de la crítica y preocupante situación económica y financiera en la que se encuentran las empresas cooperativas distribuidoras del servicio eléctrico en 240 localidades del interior bonaerense, consideramos pertinente expresar algunos conceptos esclarecedores de la misma:
1. Las políticas tarifarias son responsabilidad del Gobierno provincial, quien de acuerdo a Ley Provincial 11.769 debe fijar las tarifas reflejando los costos de adquisición de la electricidad y los costos propios de distribuirla, esto es: amortización, renovación de equipos, mantenimiento de redes, impuestos, actualizaciones salariales, etc., lo cual no se viene cumpliendo conforme esa ley.
2. Los recordados sucesos del año 2001 obligaron al Estado a adoptar medidas extremas, entre ellas se congelaron las tarifas eléctricas. Más de doce años después, una variada sucesión de medidas parciales provocaron que a fines del 2013 el sector cooperativo eléctrico se encuentre absolutamente desfinanciado. Como ejemplo damos el crecimiento aproximado de algunos parámetros esenciales del rubro en dicho período:
– Gas oil: 2400 %
– Infraestructura: 1050 %
– Salarios: 1245 %
La tarifa, en el cálculo más optimista, creció sólo un 500 %.
3. Para paliar este desfasaje que impide brindar un servicio de calidad, la mayoría de las cooperativas (que no son otra cosa que los mismos vecinos autogestionando un servicio tan importante como la electricidad de un pueblo) debieron fijar una Cuota Capital a sus asociados. Es obvio que somos aleatoriamente discriminados por la provincia, ya que terminamos pagando más por el mismo servicio que los que son atendidos por empresas privadas de lucro, que fueron y son beneficiadas con medidas que no llegan a las cooperativas. También es obvio que este recurso tiene un límite…
4. Desconocemos los motivos de este desamparo al que nos vemos expuestos. Hace años que mantenemos reuniones con todo interlocutor válido que nos propone el Gobierno provincial, y no obtenemos respuesta digna. Lo cierto es que sin mayores ingresos está en riesgo la sustentabilidad de empresas que han sido constituidas con el esfuerzo de cada uno de los pobladores de nuestras localidades.
5. Por lo tanto, es la Provincia quien debe resolver la recomposición de ingresos de los distribuidores (en este caso cooperativos), a los efectos de que la calidad del servicio eléctrico no se vea disminuida. En este sentido, el cooperativismo eléctrico siempre ha sido respetuoso de las políticas que dicten las autoridades elegidas democráticamente para conducir la Provincia. Sólo pretendemos que no nos sigan perjudicando.
6. No estamos pidiendo que haya un incremento de tarifas. Existen otros mecanismos, entre ellos los propuestos a partir del año pasado desde la Nación a través del Programa de Convergencia, pero cuyos montos establecidos por la Provincia de manera arbitraria no resultan suficientes para las cooperativas. Además no se cumplen, puesto que sobre 423 millones pactados para el 2014, nos adeudan más de $300 millones. Con este antecedente, la versión 2015 del programa Convergencia nos genera incertidumbre y desconcierto.
Necesitamos llegar a cada uno de los asociados de nuestras cooperativas de base, a sus empleados (que también son asociados), a las autoridades locales (vecinos que seguramente también son asociados), recordándoles que “cuando el Estado no pudo y el privado no quiso” dar servicio a nuestras pueblos la propia comunidad decidió conformarse como empresa no sólo para autoprestarse el servicio eléctrico, sino también otros servicios públicos y sociales que hoy son esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y ponerlas en pie de igualdad con las grandes urbes. De modo que en una cooperativa los asociados/usuarios y los dirigentes somos una misma cosa: autoprestadores solidarios, donde quien provee el servicio es asimismo quien lo recibe y paga por ello en proporción a su uso.
Y funcionamos bien desde hace muchos años porque el modelo cooperativo es participativo y democrático. Nos permite hacer las adecuaciones y cambios necesarios cuando las circunstancias lo imponen. Pero ya explicamos al principio (punto 1) que estamos limitados jurídicamente para solucionar este brete.
Por eso, cuando en muchas localidades las cooperativas se encuentran en virtual cesación de pagos y ante un panorama que, de no mediar un fuerte compromiso general, no avizora mejoría, debemos apoyarnos entre nosotros.
Defendamos la empresa que nuestros padres y abuelos supieron conseguir, y hoy nos brinda servicios. Dejémosle armada y saneada a nuestros hijos una empresa que les permita gestionar sus necesidades Asumamos el derecho de peticionar ante las autoridades.
No olvidemos que cuando el país fue sumido en dictaduras, las cooperativas fueron el reducto democrático donde se pudo seguir decidiendo libremente.
Entendamos que resulta necesario reactivar la conciencia solidaria de cada uno para el fortalecimiento institucional de nuestra cooperativa No estamos ante un problema de las federaciones ni de los Consejos de Administración. El tema es DE TODOS y la decisión es AHORA.
Humanamente, no podemos sumar a la difícil discusión con el gobierno desacuerdos con nuestros vecinos. Mantener o perder la cooperativa, nos va a afectar a todos.
FEDECOBA
Federación de Cooperativas de Electricidad
y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires
