
Concejales, legisladores y representantes de más de 40 asociaciones de usuarios del servicio de agua potable brindado por la estatal Aguas Bonaerenses (ABSA) cuestionaron ayer martes en duros términos el aumento del 46% que pretende aplicar la prestadora, durante una Audiencia Pública desarrollada en el Teatro Municipal «Milagros de la Vega».

En cada una de las intervenciones, los usuarios coincidieron en remarcar, entre las principales irregularidades en la prestación del servicio, la falta de mantenimiento, la alta concentración de arsénico –sobre todo en distritos del noroeste- y la lejanía del lugar elegido para realizar la audiencia.
También hubo quejas por el tratamiento de líquidos cloacales, y algunas personas mostraron que ya reciben tarifas con aumentos.

Los directivos de Aguas Bonaerense S.A.(ABSA) habían expuesto previamente los argumentos que llevaban a solicitar una suba, entre ellos, un déficit de unos 24 millones de pesos y la necesidad de realizar nuevas inversiones, sumado a la actualización del costo de los insumos necesarios para el tratamiento del agua potable.

La empresa estatal ABSA pretende imponer un aumento del 46 por ciento en sus tarifas, lo que afectará a cerca de un millón de usuarios en las 91 localidades en las que presta el servicio. De acuerdo a la propuesta de la empresa estatal, el valor del m3 pasará a costar de 1,693 a 2,47 pesos.

El último ajuste tarifario de ABSA había sido en abril de 2012, cuando las tarifas se dispararon un 180 por ciento. En tanto, en mayo de este año hubo una actualización de entre el 13 y el 46 por ciento debido a cambios en la valuación fiscal de las propiedades, base sobre la cual se calculan las facturas.

Esta variable impulsará las tarifas del servicio de agua no medido un 46 por ciento, mientras que aquellos domicilios que tengan medidores sufrirán un ajuste en los rangos de consumo de hasta el 151 por ciento para los consumos más elevados.


En tanto, varios vecinos llevaron bidones y botellas con las diferentes coloraciones del agua en sus distritos. Ante esta situación, los directivos de ABSA se limitaron a remarcar el déficit operativo de la empresa e indicaron que el porcentaje de suba propuesta apunta a cubrir ese desbalance, aunque no presentaron un plan de obras para mejorar los aspectos criticados.

El juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Luis Arias, hizo lugar al recurso de amparo presentado por el diputado provincial, Ricardo Vago, para suspender el aumento tarifario previsto por ABSA.
De esta forma, el magistrado ordenó tanto al Gobierno de la Provincia como al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (Ocaba) realizar una audiencia pública en grandes centros urbanos antes de definir el aumento del servicio.

Según el planteo de Vago, la empresa buscaba llamar a una audiencia este 19 de agosto en la localidad de San Cayetano, donde residen apenas 2.500 de los más de 3 millones de usuarios.
Con respecto a ello, Arias consideró que esta convocatoria «no resulta adecuada ni razonable a los efectos de garantizar la participación de la totalidad de los involucrados en la cuestión relativa al tratamiento del incremento tarifario».
Por tal motivo, ordenó a la Provincia convocar a otra audiencia pública que deberá realizarse en un centro urbano «más densamente poblado y con mayor conflictividad respecto de la prestación del servicio público que detenta la concesionaria ABSA
