El dos veces intendente municipal de este distrito, Miguel Angel Stornini; el ex secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Núñez; el ex contador municipal, José Cinalli; y los ex secretarios técnicos Rubén Darío Saló y Néstor Andrés Prado, fueron sobreseídos por la jueza de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Necochea, Aída Lhez, en una de las imputaciones que pesaba sobre ellos, por los delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública, todos en concurso real.
La agente fiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 2 de Necochea, Silvia Gabrielle, solicitó el sobreseimiento sobre un hecho puntual, luego de haberse aclarado una confusión producida por el desmonte y el posterior traslado de raíces, desde un predio existente frente al Barrio Mariano Moreno hasta cercanías del cementerio local, tareas que fueron realizadas por personal municipal y de la empresa privada R.G. Construcciones -propiedad de Roberto Gamalero-, sucesivamente.
Los considerandos de la resolución judicial indican que la prestación del servicio de limpieza y desmonte se concretó entre fines del mes de marzo y los primeros días del mes de mayo de 2006, durante el cual personal de la Municipalidad de San Cayetano realizó, con maquinarias y herramientas de la comuna, tareas de extracción de raíces de árboles, sobre calle Italia entre Justo Girado y 50, trabajo que fue facturado a la empresa R.G. Construcciones, por un monto aproximado a los 27 mil pesos, cuando en realidad esta empresa privada había realizado las tareas en las calles España y 50.
Habiendo la jueza Aída Lhez llegado a las mismas conclusiones que la agente fiscal Silvia Gabrielle, respecto de que se trató de una errónea facturación y que la defraudación a la administración pública no existió, dictaminó el sobreseimiento de los cinco ex funcionarios municipales, lo que en el caso del ex secretario técnico Andrés Prado significó su total desvinculación de la causa, por cuanto era la única imputación que existía en su contra.
La "causa de los caños"
En cambio, los ex funcionarios Miguel Stornini, Alejandro Núñez, José Cinalli y Rubén Saló, así como también el comerciante Rubén Morales, continúan imputados de asociarse ilícitamente, durante la anterior gestión municipal, con el fin de defraudar a la administración comunal, ya que se habrían extendido documentos que -falsedad ideológica mediante- acreditó, en dos oportunidades, la compra y recepción de materiales de construcción.
En la instrucción penal preparatoria se detalla que, una vez facturada la compra de materiales por parte de la empresa, la Municipalidad emitía el cheque girado contra la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Cayetano, siendo cobrado por Morales, quien retornaba el dinero -o parte de él- a los funcionarios involucrados en la maniobra.
De las mismas constancias se desprendería que el comerciante remitía dinero con asiduidad a los mentados funcionarios municipales, en cumplimiento del plan criminal mencionado, para lo cual todos ellos se habrían organizado asociativamente con el fin de obtener dinero, mediante sucesivas e indeterminadas defraudaciones a la administración pública municipal, infiriendo que Miguel Ángel Stornini fue el organizador o jefe de esa asociación ilícita.
La Fiscalía sostiene que las defraudaciones por compras fraguadas están acreditadas en la adquisición de 100 caños de hormigón, por la suma de 20.700 pesos, y de otros 50 tubos de cemento, a un costo de 12.260 pesos.
Fuente: La Voz del Pueblo.
