El ex intendente y quienes fueran sus inmediatos colaboradores, Alejandro Núñez, José María Cinalli y Rubén Darío Saló, están imputados por los delitos de asociación ilícita calificada en concurso real, con hechos de defraudación contra la administración municipal .
El miércoles último, el ex intendente municipal de este distrito, Miguel Angel Stornini, y quienes fueran sus inmediatos colaboradores en la comuna, Alejandro Núñez, José María Cinalli y Rubén Darío Saló, se presentaron en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Necochea, y manifestaron su negativa a prestar de declaración, en el marco de la causa donde están imputados por los delitos de asociación ilícita calificada en concurso real, con hechos de defraudación contra la administración municipal.
Pese a que los ex funcionarios de la comuna sancayetanense estaban citados en distintas fechas de la presente y de la próxima semana, los cuatro se hicieron presentes acompañados por el abogado patrocinante Adolfo Raggio, y uno a uno le fueron expresando, al instructor judicial José Luis Cipolletti, su decisión de no declarar.
Las próximas diligencias previstas en la causa, contemplan la citación a prestar declaración del comerciante Rubén Enrique Morales, el próximo miércoles 9, y del ex secretario técnico de la Municipalidad local, Néstor Andrés Prado, el jueves 10 -ambos a las 10-, en virtud de que el primero de ellos está imputado de los delitos de asociación ilícita en concurso real, con dos hechos de defraudación contra la administración pública municipal, mientras que el restante está sospechado de haber sido partícipe necesario o primario en uno de los hechos.
Las acusaciones de la Fiscalía
De acuerdo a las constancias obrantes en la instrucción penal preparatoria, el ex jefe comunal Miguel Stornini; el ex secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Núñez; el ex contador municipal José Cinalli; el ex secretario técnico interino, Rubén Saló y el comerciante Rubén Morales, se asociaron ilícitamente, durante la anterior gestión municipal, con el fin de defraudar a la administración comunal.
Para lograr el cometido, se habrían extendido documentos que -falsedad ideológica mediante- acreditó la compra y recepción de materiales de construcción, en dos oportunidades, a la casa de venta que regentea Morales, así como también para la realización de trabajos de limpieza y desmonte de espacios públicos por parte de la empresa RG Construcciones, que en verdad fueron efectuados por trabajadores municipales, con maquinaria y herramientas de la administración comunal.
Stornini, Núñez y Cinalli están imputados de asociación ilícita en concurso real, en los tres hechos mencionados de defraudación contra la administración pública municipal; Saló y Morales fueron relacionados con los dos primeros ilícitos, mientras que a Prado solamente se lo vincula con la última de las maniobras.
La modalidad delictiva
En la instrucción penal preparatoria se detalla que, en los casos de compra de materiales, la Municipalidad emitía el cheque girado contra la cuenta corriente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal San Cayetano, siendo cobrado por Rubén Morales, quien retornaba el dinero -o parte de él- a los funcionarios involucrados en la maniobra. Similar modalidad se habría instrumentado en el caso de la limpieza y el desmonte realizado sobre la calle Italia.
De las mismas constancias se desprendería que Morales remitía dinero con asiduidad a los mentados funcionarios municipales, en cumplimiento del plan criminal mencionado, para lo cual todos ellos se habrían organizado asociativamente con el fin de obtener dinero mediante sucesivas e indeterminadas defraudaciones a la administración pública municipal, concluyéndose que el ex intendente Stornini habría sido el organizador o jefe de la asociación ilícita.
La Fiscalía sostiene que las defraudaciones por compras fraguadas resultan acreditadas en la adquisición de cien caños de hormigón, por la suma de 20.700 pesos, y de otros 50 tubos de cemento, a un costo de 12.260 pesos, mientras que a la empresa RG Construcciones, propiedad de Roberto Gamalero, se le habrían abonado 27.000 pesos por un servicio que nunca efectuó.
Respecto de Prado, la instrucción penal preparatoria señala que el ex secretario técnico participó necesaria o primariamente en la maniobra fraudulenta, sin integrar la empresa criminal asociativa, certificando -falsedad ideológica mediante- la realización del trabajo de desmonte y traslado de raíces, como si hubiese sido hecho por RG Construcciones, y habilitando la liquidación del monto antes mencionado.
Fuente: La Voz del Pueblo.
