El abogado Adolfo Raggio, defensor de los cinco ex funcionarios municipales de este distrito, entre ellos el ex intendente Miguel Angel Stornini, imputados en la "causa de los caños", se refirió por primera vez a las actuaciones, y desestimó dos de las acusaciones de la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 2 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de la agente fiscal Silvia Gabrielle.
Cabe recordar que el ex jefe comunal de San Cayetano, Miguel Stornini; el ex secretario de Gobierno y Hacienda, Alejandro Núñez; y el ex contador municipal, José Cinalli, están acusados de los delitos de asociación ilícita calificada en concurso real, con tres hechos de defraudación contra la administración pública; el ex secretario técnico interino, Rubén Saló, en dos hechos -al igual que el comerciante Rubén Morales-; y el ex secretario técnico Andrés Prado, en un hecho.
Raggio señaló que "estamos en una etapa eminentemente investigativa, muy bien llevada a cabo por la fiscal Silvia Gabrielle, y mejor aún por el instructor José Luis Cipolletti, que es un hombre que conoce de derecho, y da la máxima garantía a la ciudadanía de que realmente va a investigar la causa. Mis defendidos han sido investigados hasta el más mínimo detalle, y solamente han salido a la luz cuatro ilícitos, que son muy pocos, y de los cuales en dos ya no hay prácticamente vestigios de que los hayan cometido".
"A lo que nos abocamos en esta etapa procesal -continuó- es al desraizamiento de árboles, tema que surge a través del actual director vial Juan Carlos Urlacher, y así empezamos una serie de averiguaciones en la que se estableció que la empresa Gamalero efectivamente hizo trabajos, debido al deterioro de una máquina municipal. Esto formó convicción en la fiscalía de que el delito verdaderamente no existió, y estamos a la espera de que se provea la facturación de la reparación de esa maquinaria. Prado tiene esa sola imputación en su contra, o sea que quedaría automáticamente fuera de la causa".
"No hubo asociación ilícita"
El abogado defensor puso el mayor énfasis en refutar la acusación de la existencia de una asociación ilícita, afirmando que "es un delito muy vidrioso, absolutamente antojadizo, muy propagandístico, probablemente utilizado por la fiscalía como una medida para complicar la situación social -no legal- de los imputados, agravada para el doctor Stornini, ya que se supone que es el cabecilla de una banda".
"El tema no es cometer uno, dos o tres delitos determinados -prosiguió-, porque en ese caso estaríamos en las reglas de la participación criminal o de la complicidad, mientras que asociación ilícita es el conjunto de personas reunidas con designios criminales variados, que ataca la tranquilidad pública, como lo fueron el Ku Kux Klan, Montoneros o el ERP. Es absolutamente impensado que, por cometer dos ilícitos, esta gente pueda haber constituido una asociación ilícita; si se diera la situación de que fueran responsables por la inexistencia de los caños, podría haber una participación criminal".
Raggio explicó que "la estafa agravada o la participación criminal establece de dos a seis años de prisión, mientras que la asociación ilícita es otro delito distinto, que prevé de tres a diez años más para cada uno, y de cinco a diez años para el cabecilla".
Se discute la elevación a juicio
Respecto de la compra de 150 tubos de hormigón, en agosto y setiembre de 2007, por parte de la comuna sancayetanense al comerciante Rubén Morales, Adolfo Raggio expresó que "todavía no está probado ni siquiera la recepción de los caños por parte de Saló. Ahora, me pregunto qué responsabilidad puede tener Stornini desde su despacho, respecto de algo que se pueda estar haciendo a sus espaldas, aunque no niego ni afirmo que haya habido corrupción. ¿Sabría la cúpula superior de Stornini que esto estaba ocurriendo?… es la gran duda, y lo que hay que determinar, porque no está probado en absoluto".
Finalmente, Adolfo Raggio se refirió a los testimonios contradictorios del ex director de Balneario San Cayetano, Osvaldo Zotes, manifestando que "si yo fuera fiscal, a Zotes no lo llevaría a proceso, porque no sabría lo que puede llegar a decir. Aplicando reglas de sana crítica, directamente no podría tener en cuenta a una persona que dijo una cosa, se desdijo y luego dijo otra. Puede ser que Zotes haya llevado sobres desde lo de Morales a la Municipalidad, pero no puedo decir nada al respecto; en todo caso sería tentativa de falso testimonio, cosa que tendría que evaluar el fiscal".
Fuente: La Voz del Pueblo.
